El creciente interés por la violencia obstétrica se ha trasladado de las políticas sanitarias y los medios de comunicación a la política penal. En este sentido, recientemente se ha propuesto criminalizar ciertas intervenciones del personal sanitario durante el parto que afectan la autonomía y la integridad física de las mujeres. En este contexto, este artículo examina, en primer lugar, la necesidad de dicha intervención. Sobre todo porque, según las estadísticas, las altas tasas de cesáreas o episiotomías en nuestro país no se deben tanto a las acciones de los profesionales que las realizan, sino a problemas estructurales del sistema sanitario. Cabe destacar también la alta demanda de pacientes, lo que explica el problema de la desinformación. En cuanto a la idoneidad de esta intervención, el contexto pospandémico actual debe considerarse en el contexto de un colectivo profesional que ha sufrido especialmente durante estos años. Aquí también es importante destacar un discurso público en el que se tiende a suprimir la verdad y en el que interfieren actores más interesados ​​en capitalizar el debate e instrumentalizarlo políticamente que en encontrar una solución racional al problema.